Estatal

Paga Corral encuesta que lo califica con 2.8

Destina más de $1.5 millones en sondeos que lo desfavorecen

Miguel Chavarría/El Diario

El Gobierno del Estado pagó un millón 531 mil 200 de pesos a la empresa Massive Caller para elaborar encuestas que lo desfavorecen.

La primera encuesta fue elaborada el 25 de noviembre de 2017, para medir el grado de satisfacción de los ciudadanos de servicios que brinda el gobierno de Chihuahua y sus distintas secretarías. L

a primera pregunta fue: “¿En general, cómo considera el desempeño del gobierno actual del Estado de Chihuahua?”.

La mayoría de los encuestados por vía telefónica, el 26.7 por ciento, eligió la opción “malo”, mientras que el 24.9 por ciento escogió “regular”.

La Secretaría de Hacienda informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene programado resolver hoy la controversia constitucional que tiene detenida la firma de contratos para la reestructuración de la deuda estatal por 28 mil millones de pesos, la cual fue promovida por diputados de oposición.

El proceso para la reestructuración de la deuda estatal total inició el 18 de diciembre del año pasado, cuando los diputados del Congreso del Estado la aprobaron. La estructuración de la deuda pública, la cual asciende a 48 mil 850 millones de pesos, fue aprobada con 22 votos a favor y 11 votos en contra luego de un debate en el Pleno en el que los diputados externaron su postura a favor y en contra.

La reestructuración de la deuda total de la entidad fue anunciada por el gobernador Javier Corral, quien comentó en noviembre que la primera reestructuración de una deuda de 20.4 mil millones de pesos no había logrado su objetivo, ya que por el aumento en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio se “comió” los ahorros que se esperaban, lo que obligaba a buscar otras alternativas. La TIIE subió aproximadamente medio punto porcentual, lo que aumentó el pago de intereses.

El proceso para la licitación de la deuda estatal con bancos por 28 mil millones de pesos terminó el 27 de marzo de este año cuando la Secretaría de Hacienda del Estado determinó que las propuestas realizadas por BBVA Bancomer y Banobras, así como Santander, fueron las que ofrecen más beneficios financieros.

El titular de la dependencia, Arturo Fuentes Vélez, declaró que la deuda estatal quedó dividida en 11 créditos de los cuales Banobras tendrá tres, los cuales suman 14 mil 416 millones 500 mil pesos, en el caso de BBVA Bancomer tendrá dos créditos por un total de cuatro mil 852 millones 528 mil pesos, poco menos que Santander que tendrá tres créditos por cinco mil millones, Banco del Bajío tendrá un crédito por mil 500 millones de pesos, la lista es completada por Banco Multiva con un crédito por mil 740 millones de pesos y HSBC con un crédito de 500 millones.

Fuentes Vélez señaló que en términos prácticos se tuvo una reducción en esta clase de créditos de siete décimas de punto, ya que pasó de 1.2 por ciento de interés en la sobretasa respecto a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a 0.56 ponderada. Este cambio en las condiciones de los intereses generaría para este año ahorros por tres mil millones de pesos en pago de intereses, debido a que fue ampliado el plazo a 20 años.

Pero la controversia constitucional promovida por diputados de Morena y del PRI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permitió la firma de los contratos con las instituciones financieras y se estableció un plazo de 90 días para que quedara resuelta, tiempo que se respetarían las condiciones acordadas.

Al respecto el economista, Ricardo Durán, comentó que la reestructuración de una deuda al consolidar varias, es un ejercicio que puede dar buenos resultados, pero que se deben considerar variantes y una buena medida sería contratar coberturas contra posibles aumentos de la TIIE; sin embargo, expuso que hay proyecciones de una baja en los próximos meses.

Ayer el Gobierno del Estado informó que la SCJN luego de casi tres meses resolverá la controversia; sin embargo, el tiempo que ha transcurrido ha dejado afectaciones por unos 750 millones de pesos, tomando en cuenta las proyecciones de la misma Secretaría de Hacienda.

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